Arica, Enero del 2012.-

Además el traslado del mineral desde la mina hacia el acopio y posterior embarque en el puerto de Arica generara un daño ambiental irreversible en el Parque Nacional Lauca, las comunidades aymaras aledañas a la carretera internacional CH-11 tales como Putre, Zapahuira, Socoroma, Copaquilla, Molinos, Poconchile, las propiedades agrícolas de los agricultores del valle de Lluta, los sectores poblacionales de la 11 de Septiembre y centro de la ciudad.
El proyecto pretende desarrollar 3 botaderos para el material de desecho y estéril. Estos materiales de desecho y estéril serán arrojados en las quebradas que drenan hacia el río Lluta sin mayores resguardos y lo mas grave sin considerar que se trata de material volcánico y de depositación, con altos índices de Arsénico, Azufre, Aluminio, Boro, calcio, Hierro, Litio, Magnesio, Sodio, Silicio y Estroncio que definitivamente drenaran tanto por escurrimiento como por capilaridad hacia el río Lluta a razón de su pronunciada pendiente, contaminando las aguas que riegan el Valle de Lluta y las napas subterráneas que posteriormente serán bombeadas para agua potable de Arica.
El proyecto se emplaza sobre el área de una falla geológica Copaquilla Tignamar sobre la cual se pretende asentar las instalaciones mineras, además las explosiones de las tronaduras causaran un daño irreparable sobre las napas subterráneas del río Lluta y la flora y fauna del Parque Nacional Lauca alterando la geomorfología y maximizando el riesgo sísmico.

Además este proyecto de explotación minera en territorios indígenas NO ha sido consultado previamente al pueblo aymara y sus comunidades, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT , ni se ha buscado su consentimiento previo, libre e informado, especialmente cuando se quiere extraer recursos del subsuelo de manera de determinar si los intereses de las comunidades aymaras se verán afectados con el proyecto.
La situación ambiental de Chile es preocupante, tenemos un Código de Minería que lleva 25 años sin ninguna reforma que apunte a exigir a las empresas el resguardo al medio ambiente, especialmente en el endosamiento de los pasivos ambientales que nos deja la minería. La fragilidad de la Ley ambiental, la nula fiscalización, la poca voluntad política de hacer la participación ciudadana vinculante solo nos demuestra que se legisla en beneficio de los grandes sectores económicos en desmedro de la ciudadanía y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Emplazamos al Intendente Sr. José Durana Semir a que manifieste cuales son los fundamentos hídricos que sustentan esta política de desarrollo minero, teniendo presente que no existen estudios que permitan confirmar la real capacidad hídrica para el desarrollo de la gran minería en nuestra región y que la Dirección General de Aguas (DGA) declaró a Azapa zona de restricción para nuevas explotaciones de agua subterránea, declarándose el acuífero del Valle de Azapa saturado. Además el agua que se extrae de las napas subterráneas tanto del valle de Lluta y Azapa, proviene de las zonas altiplánica debido a la permeabilidad hidrogeológica del altiplano por lo cual su contaminación con Polimetales solo producirá una catástrofe irreparable hacia la región y la agricultura.
También la solicitud de suspensión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta el 30 de diciembre del 2012 por parte de la empresa minera para poder responder las observaciones, rectificaciones y ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental que manifestaron los servicios públicos y organizaciones ciudadanas solo nos confirma que su EIA posee poca fundamentación técnica y científica, inconsistencias en la predicción y evaluación de impactos ambientales lo que ratifica que estamos frente a un MAL PROYECTO que carece de toda viabilidad y sustentabilidad.